Maritrini Lapuente, Gerente de AGVF, explicó a www.portafruticola.com que esta iniciativa permitirá integrar y sistematizar  la información disponible en las distintas instancias públicas y privadas para apoyar la toma oportuna de decisiones sobre qué frutales plantar o qué plantas propagar.

“Todos tendrán información valiosísima antes de hacer cualquier inversión, lo que disminuye significativamente la posibilidad de riesgo, en un negocio que para algunas especies es muy ajustado”, comentó Mauricio Donoso.

Añadió que “el ministerio apoya a los agricultores y a la fruticultura nacional en este tema porque es un instrumento importantísimo y moderno que ayudará en la decisión de plantación, injerto o arranque de una variedad o de la especie”.

Gustavo Rojas, director de ODEPA, comentó a www.portalfruticola.com que “la apertura comercial del país ha hecho que nuestra agricultura se deba ir ajustando a un ritmo cada vez más veloz a las mayores exigencias de los mercados de destino. Ello implica que internamente se deben ir adoptando medidas destinadas al resguardo de nuestra competitividad, como consecuencia de este proceso de globalización”.

La propuesta es que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) exija una declaración, “de modo similar a como ocurre en el caso de las viñas (por la ley de alcoholes, que en el caso del resto de las especies frutales no aplica) y que se pueda generar una coordinación con otros servicios como CIREN, quienes han estado históricamente a cargo de colectar esta información vía catastros frutícolas, entre otras herramientas”, añadió la Gerente de la AGVF.

Añadió que “consiste en buscar una vía legal para exigir a los productores de especies frutales declarar sus nuevas plantaciones, sus arrancas y reinjertaciones”.

Uno de los principales objetivos que busca la AGVF es limitar el comercio ilegal de variedades protegidas, pues permitiría realizar una trazabilidad de los materiales comercializados. Al mismo tiempo se limitaría la existencia de viveros clandestinos, que al no ser fiscalizados por el SAG, “representan un riesgo considerable de transmisión de plagas y/o enfermedades”, especificó Lapuente.

En opinión del Director de ODEPA permitirá además “entregar material de propagación sano y legalmente adquirido otorgando mayor seguridad en la inversión del fruticultor”. Añadió que “si se tiene un mayor control sobre el material el riesgo  disminuye y permite un mejor resguardo del patrimonio fitosanitario del país, el cual tiene un costo elevado para el Estado”.

A principios de mayo se convocó a una reunión en la cual participaron Mauricio Donoso junto con representantes de ODEPA, el SAG, CIREN, INDAP, FFEDEFRUTA, ASOEX.

La semana pasada en tanto, se realizó una reunión con el Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, quien estuvo de acuerdo en la importancia del sector y llamó a “analizar los temas legales que pueden apoyar o entorpecer esta iniciativa”, relató Lapuente.

“La industria exportadora chilena de frutas, de forma directa o indirecta, puede ser cómplice de un delito, si es que tienen productores que no han declarado que en sus plantaciones tienen esta variedad”, prosigue el llamado de quien ha vivido en carne propia la falta de respeto a la propiedad intelectual.

La piratería en las variedades agrícolas es un tema que preocupa a los actores del sector. José Antonio Poblete gerente comercial de Viveros Requínoa, señala que “es muy grave para Chile tener fama que su industria frutícola trabaje a base de variedades pirateadas”.

Maritrini Lapuente, gerente de AGVF agrega que “el pirateo desincentiva gravemente la generación de variedades propias en Chile, que es lo que más necesitamos para no depender tanto de variedades extranjeras”.
Esto, porque según explica Isabel Quiroz, Directora Ejecutiva de iQonsulting, los productores ya han tomado conciencia de la Propiedad Intelectual extranjera. La deuda está en el mercado interno.

“Hoy es algo sumamente normal para los productores pagar un royalty por una variedad extranjera, lo que va a sostener al obtentor que hizo la inversión”, dice la experta. Aclara que “hoy se hace cada vez más fácil controlar el material ingresado de afuera porque es conocido y hay mucha gente involucrada en estos negocios. Además, hay técnicas para identificar las varidades como las genéticas con marcadores moleculares”.
Pero el panorama se nubla cuando ella misma se pregunta: “¿Cómo está la protección intelectual de lo que ha hecho Chile?”. La respuesta no es alentadora: “Hay mejoradores que han pasado gran parte de los últimos veinte años haciendo cruzamientos y tratando de obtener variedades más adaptadas a nuestro clima y a aspectos como la exportación a mercados a la distancia. Los dueños de esas variedades están menos protegidos que los extranjeros con sus creaciones en Chile”, resume la profesional.

Entre clones de una misma variedad es difícil hacer la distinción entre una copia pirata y una protegida. “La mayoría de las variedades (chilenas) que se obtienen, vienen de mutaciones de variedades ya conocidas y por lo tanto la mutación es difícil, aunque no imposible, detectarla con técnicas de genética”, sostiene Isabel sobre la difícil fiscalización.

De acuerdo a estadísticas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a la fecha existen 699 variedades registradas en Chile, de las cuales 86 son de origen nacional  y 613 variedades de origen extranjero. De ese total, 396 corresponden a frutales (de las cuales 17 son de origen nacional (4%).

Los delitos
¿Cómo se lleva a cabo el delito? Poblete explica que muchas veces agricultores inescrupulosos  consiguen las variedades y las entregan con un código al viverista para que se las propaguen. “Es decir el viverista actúa de buena fe pero comete abiertamente un ilícito”, señala.
“Lo otro que puede pasar es que el viverista esté haciendo el ilícito directamente, ofreciendo las variedades protegidas a sus clientes. El problema se lo lleva el productor, que en un inicio piensa que hizo un buen negocio de comprar una variedad protegida a precio de variedad corriente”, prosigue.  Si el caso sigue la vía judicial, el productor se podría enfrentar a requisamientos de fruta, pérdida de cosecha, o al pago de un sobreprecio al querer legalizar el huerto. “Todos estos problemas los debe resolver solo el agricultor, el vivero que vendió la planta ilegal se puede desentender de todo”, advierte.
Alejandro Navarro explica lo que le ocurrió a él: “Al tener la planta protegida, algunos productores comenzaron a compartirla. Y al no haber control se generó un relajo en general”.

Un tema ético
La principal razón de la piratería para Isabel Quiroz, no tiene que ver con la fiscalización o las técnicas genéticas de identificación: “Estamos ante un tema ético, de educación en el respeto a la propiedad intelectual”, dice.
“El llamado es a una industria que quiere ser madura pero tiene que tomar responsabilidad no sólo legal, sino también moral para ser una potencia alimentaria”, señala Alejandro Navarro.
¿Y qué se está haciendo o se puede hacer para superar esta situación? Entre las acciones inmediatas, según Alejandro Navarro, en  la AGVF se publicarán en la web todas las variedades protegidas para que la industria las conozca, con su nombre comercial y de patente.

Maritrini Lapuente añade que el gremio está en una mesa de trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que busca poder exigir de alguna forma a los productores declarar sus nuevas plantaciones, reinjertaciones y arrancas.
“De este modo, matamos varios pájaros de un tiro, por una parte tenemos la trazabilidad de los materiales que se están utilizando para plantar o reinjertar y por consiguiente limitamos el comercio ilegal de variedades protegidas o “pirateo”; desincentivamos también la existencia de viveros clandestinos, no registrados en el SAG y que por lo tanto no llegan a ser fiscalizados. Contaríamos además con importante información estadística actualizada sobre lo que se está plantando y finalmente, esto facilitaría la labor de fiscalización por parte del SAG”.

UPOV 91
José Antonio Poblete señala que es urgente “una ley fuerte, que proteja los intereses de los obtentores de variedades tanto chilenas como extranjeras”.
El gremio de los viveros frutícolas está abogando fuertemente por la adhesión de Chile a UPOV 91, que propiciaría las condiciones para que surjan más variedades mejoradas localmente.
UPOV este es un organismo intergubernamental con sede en Ginebra que regula todas las creaciones intelectuales que implican a las variedades de plantas. “Chile está adherido al protocolo del 78 y ahora debería aprobarse el 91, que incorpora nuevas restricciones para la protección intelectual”, dice Isabel Quiroz. Agrega que “la ley está en última prioridad para los parlamentarios, duerme en el congreso”.
Según Maritrini Lapuente, en el marco del TLC con Estados Unidos esto debió concretarse el 1 de enero de 2009 y lamentablemente, en parte debido a esta demora, “Chile está actualmente en la lista de vigilancia prioritaria para Estados Unidos”.

Isabel y Maritrini añaden que la poca especialización de los actores públicos y privados, sobre legislación de propiedad intelectual y específicamente respecto de variedades agrícolas protegidas, es otro escollo y una de las causas de este avance tan lento.

La única vía de defensa hoy es la judicial, engorrosa, lenta y de alto costo. “Tener el mapeo de dónde están los huertos ilegales ya es un trabajo tremendo, pero aún así cuando se le dice a la gente que está cometiendo un ilícito,  les cuesta reconocer. Muchos de ellos lo hacen y están abiertos a regularizar y pagar los royalty que corresponden, pero no todos”, puntualiza Isabel.

Una alternativa para frenar este problema ha sido la creación de Clubes, donde todos los  actores de la cadena están bien identificados, minimizando los riesgos, “aunque no todas las variedades se adaptan a esta modalidad”, advierte la Directora Ejecutiva de iQonsulting.
“Hay que hacer una fuerte campaña de medios de lo importante que es respetar la propiedad intelectual vegetal. Lo mismo que se hace con otro rubros como libros, CD de música y software”, concluye José Antonio Poblete.
Para Jaime Ibieta, jefe de la División de Semillas del SAG,  “además de educar a los agricultores sobre el tema, es necesario sensibilizar al Poder Judicial para que conozca la importancia que tiene para el desarrollo del país el respeto de la Propiedad intelectual. Esta es la mejor forma para que los obtentores de nuevas variedades las envíen a Chile”.

Fuente: www.portalfruticola.com

En la oportunidad, el Secretario de Estado destacó que la construcción de agendas estratégicas en los ámbitos que les son comunes a cada uno de los sectores que integran esta instancia, "es otro de los aspectos que valoro. Esto genera las sinergias necesarias en espacios de colaboración y apunta, finalmente, al objetivo mayor de colocar a la agricultura chilena en un sitial de privilegio dentro de las mayores economías agroexportadoras".

En su intervención, el Ministro Galilea enfatizó que los diversos resultados de la mesa nacional a través de sus distintas comisiones, constituyen un gran aporte. "Permítanme subrayar la contribución fundamental para el proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley N° 19.342, el establecer mesas de trabajo con el SAG para ir destrabando temas que tenían que ver más con voluntad que con rigideces normativas. Así también ha habido un trabajo relevante en torno al aprovechamiento de acuerdos internacionales para el intercambio tecnológico, a la participación conjunta en diferentes eventos de interés y en el acceso de la industria al seguro agrícola", dijo la autoridad.

A continuación destacó las principales características y logros de la industria semillera, de frutales y de floricultura; además de los diversos aspectos que une a los actores de la industria.

Asimismo, el Ministro Galilea destacó el trabajo que ha realizado el Minagri con el objetivo de regular aquellos puntos que interesan al sector. En este sentido, puntualizó que el proyecto de Ley que regula el derecho sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia para la firma del Ministro de Relaciones Exteriores y del Presidente de la República, tras haber sido rubricado por los ministros de Justicia, Hacienda y Agricultura. "Este es fruto del trabajo de un comité público-privado que sugirió indicaciones al proyecto emanado de la Cámara de Diputados, especialmente para resguardar al pequeño agricultor", señaló Galilea.

En tanto, el Proyecto de Ley sobre bioseguridad de los vegetales genéticamente modificados, "sobre el cual este Ministro preparó una indicación y cuya elaboración fue encargada a un grupo de trabajo público-privado, su indicación ya fue enviada a la Segpres, que ha solicitado las observaciones a los ministerios involucrados en la materia, esto es, Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Salud. Actualmente se está consensuando el texto con los distintos ministerios que firmarán".

"Asimismo, hemos hecho aportes al proyecto de protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización del Convenio sobre Diversidad Biológica, por cuanto para nuestro sector, requerimos una definición como país, si queremos avanzar en investigación y desarrollo", puntualizó la autoridad del agro.